El Gobierno de Castilla-La Mancha trabaja para “reducir” desigualdades económicas que pueden derivar en situaciones de violencia de género

Desde la aprobación de la Ley de Igualdad en 2010, Castilla-La Mancha ha reducido la brecha salarial en 5 puntos, de los 4.397 a los 3.742 euros de diferencia entre salarios.
 
La consejera de Igualdad, Sara Simón, ha asegurado que “vamos a esforzarnos por reducir el paro femenino, a apoyar de manera determinante a las mujeres que quieren emprender y vamos a trabajar para ir reduciendo la brecha salarial”.

Toledo, 23 de noviembre de 2023.- El Gobierno de Castilla-La Mancha sigue trabajando para hacer frente a desigualdades económicas estructurales que existen entre mujeres y hombres, “y que constituyen, en muchos casos, una forma de violencia con la que también es justo y necesario acabar”.  Así lo ha expresado la consejera de Igualdad, Sara Simón, durante la inauguración de unas jornadas, organizadas por UGT Castilla-La Mancha, en el marco de la conmemoración del 25N, bajo el lema ‘Súmate al cambio’.
 
Durante su intervención, la consejera se ha referido a datos y cuestiones vinculadas al ámbito económico “en las que registramos avances importantes como la reducción en 5 puntos de la brecha salarial (siendo Castilla-La Mancha una de las comunidades autónomas de España con menor brecha salarial, que se sitúa en los 3.742 euros de diferencia), la reducción de 15 puntos de la tasa de paro femenina en los últimos 8 años o el incremento de 7.520 mujeres emprendedoras”.
 
Aún así, la responsable regional de Igualdad ha asegurado que no se trata de “datos con los que conformarnos” y ante ello ha asegurado tener “el mandato firme del presidente García-Page de modificar la Ley de Igualdad para poder seguir avanzando en muchos aspectos como en las oportunidades de las mujeres para desarrollar su vida profesional”.
 
Simón finalizaba su intervención, a preguntas de los periodistas, poniendo en valor las políticas de igualdad frente a las voces que piden la eliminación de la Consejería, aludiendo a la inversión de 10 millones de euros anuales en la red de 87 centros de la mujer, 5 millones de euros en recursos para la atención a víctimas de violencia de género o cerca de 15 millones en el fomento de políticas de corresponsabilidad.
 
“A mí me preocupan muchísimo esas declaraciones porque lo que transmiten a las mujeres que están en su casa y que son víctimas de la violencia de género es que el dinero que se está destinando para protegerlas no es necesario”, ha zanjado.