El Gobierno regional pone en marcha medidas de inclusión social en los pueblos recogidas en la Ley de medidas contra la Despoblación

El Gobierno regional pone en marcha medidas de inclusión social en los pueblos recogidas en la Ley de medidas contra la Despoblación

El comisionado del Reto Demográfico, Jesús Alique, ha destacado el carácter transversal de la ley y la estrategia, donde se incluyen medidas de incentivación positiva para atender a las personas que viven en el medio rural.
 
Alique ha detallado que la línea de ayudas destinada a atender a los procesos de inclusión social para personas vulnerables, incluidas personas migrantes, ha destinado 1,5 millones de euros a los municipios afectados por la despoblación. 

Sigüenza (Guadalajara), 8 de junio de 2022.- El Gobierno de Castilla-La Mancha está desarrollando medidas de inclusión destinadas a colectivos vulnerables, entre los que se encuentra la población inmigrante, que están recogidas en la Ley de Medidas económicas, sociales y tributarias contra la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural.
 
 
Así lo ha destacado hoy el comisionado del Reto Demográfico, Jesús Alique, que ha participado en el encuentro europeo del Proyecto ‘Share SIRA’, que se ha celebrado hoy en Sigüenza (Guadalajara) al que ha asistido la alcaldesa de la localidad, María Jesús Merino; la directora general de Políticas contra la Despoblación del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Juana López; además de representantes de países los participantes -Bélgica, Polonia, Francia, Grecia- y de otros puntos de España.
 
 
Durante su intervención en la mesa ‘Políticas regionales y nacionales de reto demográfico, la revitalización del territorio y su vinculación con la presencia, acogida e inclusión de las personas migrantes’, Alique ha destacado el carácter transversal de la ley y la estrategia, donde se incluyen medidas de incentivación positiva para atender a las personas que viven en el medio rural.
 
 
Concretamente, el comisionado se ha referido la línea de ayudas que ha puesto en marcha la Consejería de Bienestar Social destinada a atender a los procesos de inclusión social para personas vulnerables, incluyendo las personas migrantes, a través de la que se han destinado 1,5 millones de euros para zonas afectadas por la despoblación.
 
 
“Esta convocatoria va a facilitar que en 219 municipios ubicados en zonas con problemas de despoblación se puedan llevar a cabo políticas de inclusión social”, ha explicado Jesús Alique.
 
 
Asimismo, ha aludido al servicio de interpretación lingüística -también de la Consejería de Bienestar Social-  que garantiza la comunicación entre la población inmigrante, la Red Regional de Servicios Sociales y entidades sociales que trabajan con personas migrantes, en los casos en que existan dificultades de acceso a los recursos, prestaciones y programas sociales.
 
 
Se trata, tal y como ha detallado Alique, de un servicio de interpretación vía móvil, en el que, mediante un biauricular conectado a un móvil, dos hablantes se comunican con ayuda de un intérprete de enlace, no presencial, evitando de este modo desplazamientos innecesarios.
 
 
En este contexto, el comisionado del Reto Demográfico ha destacado el carácter integrador de la ciudad de Sigüenza “fruto de su historia marcada por la convivencia de las distintas culturas, hoy es un modelo de acogida donde asociaciones como ACCEM acogen personas migrantes y refugiadas que también ha servido para, una vez formados, poder mantener parte del tejido económico y social de la zona”.
 
 
Sobre el proyecto ‘SHARE SIRA’
 
 
El proyecto SHARE SIRA, co-financiado por el Fondo de Asilo, Migración e Integración de la Unión Europea (AMIF), fomenta enfoques territoriales inclusivos en las zonas rurales de Europa, que están desempeñando un papel cada vez más importante en la recepción de recién llegados. El proyecto fortalece y amplía la orientación social y la integración general de los recién llegados en diez territorios rurales en Francia, Grecia, Polonia y España a través de enfoques innovadores que involucran la participación activa de las comunidades locales, incluidos los refugiados y los propios migrantes, y la puesta a prueba de acciones de orientación social de base.

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