El Gobierno regional pone en marcha el Observatorio de Juego Responsable para velar por la prevención y buenas prácticas

La reunión ha estado presidida por la directora general de Tributos y Ordenación del Juego, Susana Pastor, y ha contado con la asistencia de representantes de los distintos órganos de la Administración regional y de responsables de los diferentes colectivos que lo integran.
 
Su constitución está recogida en la Ley del Régimen Administrativo y Fiscal del Juego en Castilla-La Mancha, que tiene como fin principal garantizar una mejor ordenación de la industria del juego en la región para que esta actividad sea moderada y responsable, a la vez que compatible con la protección de las personas usuarias y de los colectivos más vulnerables.

Toledo, 10 de julio de 2022.- El Gobierno regional ha puesto en marcha el Observatorio de Juego Responsable, configurado como un órgano permanente de la Comisión de Juegos de Castilla-La Mancha, que tiene como fin principal proponer todas aquellas políticas públicas encaminadas hacia la prevención y buenas prácticas del juego.
 
 
La reunión de constitución ha estado presidida por la directora general de Tributos y Ordenación del Juego, Susana Pastor, y ha tenido lugar esta semana en la sede de esta Dirección General, con la asistencia de representantes de los distintos órganos de la Administración regional y de responsables de los diferentes colectivos que lo integran.
 
 
Concretamente, su composición es una representación proporcional de quienes forman parte de la Comisión de Juegos de Castilla-La Mancha, pudiendo contar con la participación de personas expertas con competencia técnica reconocida, representantes empresariales, sociales y de otras administraciones cuya asistencia resultase de interés.
 
 
Integrantes del Observatorio de Juego Responsable
 
 
Por parte de los órganos de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha lo integran aquellas personas con competencias sobre salud pública, infancia y familia, juventud, consumo y educación. El resto de integrantes han sido nombrados por resolución de la directora general de Tributos y Ordenación del Juego.
 
 
Así, en representación del grupo correspondiente a los sectores empresariales y profesionales, forman parte de este órgano la Asociación de Empresarios de Juego de Castilla-La Mancha (EJUCAMAN) y la Federación de Asociaciones de Máquinas Recreativas de la región (FAMACASMAN).
 
 
En el grupo correspondiente a las centrales sindicales, organizaciones de personas consumidoras y usuarias más representativas y otras asociaciones afectadas están la Confederación Regional de Asociaciones Vecinales, Consumidores y Usuarios de Castilla-La Mancha y Ludópatas Asociados en Rehabilitación de Castilla-La Mancha (LARCAMA). Y en el grupo de otras administraciones y corporaciones tiene representación la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).
 
 
Principales funciones
 
 
Las principales funciones del Observatorio de Juego serán promover y elaborar estudios e informes que analicen el impacto del juego en la sociedad, así como los posibles efectos que una práctica no adecuada puede producir, y toda clase de propuestas que sirvan para la puesta en marcha de acciones orientadas al juego responsable.
 
 
También fomentar actuaciones dirigidas a la sensibilización, información y difusión de las buenas prácticas del juego y realizar campañas preventivas y educativas, en colaboración con otras administraciones públicas y organismos públicos o privados.
 
 
Ley del Juego en Castilla-La Mancha
 
 
La constitución de este órgano está recogida en la Ley 5/2021, de 23 de julio, del Régimen Administrativo y Fiscal del Juego en Castilla-La Mancha, que entró en vigor el pasado mes de enero, con el fin principal de garantizar una mejor ordenación de la industria del juego en la región para que esta actividad sea moderada y responsable, a la vez que compatible con la protección de las personas usuarias.
 
 
Para ello, tiene como objetivos un desarrollo mucho más controlado del sector del juego, donde la oferta se adecúe a la demanda social; el impulso de políticas de juego responsable, reduciendo los efectos negativos de su práctica o de su publicidad; la protección a los colectivos más vulnerables, como menores de edad y personas con problemas de adicción; y una mayor actividad de inspección y control en el sector.