Toledo, 1 de octubre de 2026.- El Gobierno de Castilla-La Mancha ha impulsado una nueva Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas para actualizar el marco normativo que regula el ocio en la región y reforzar las garantías de seguridad, convivencia y protección de la ciudadanía.
Así lo ha defendido el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, durante su intervención en el debate del proyecto de ley en el Pleno de las Cortes regionales, donde ha subrayado que la nueva regulación viene a sustituir a una norma que lleva 15 años en vigor y que debe adaptarse a una realidad social en la que las formas de ocio son “mucho más diversas y dinámicas”.
Ruiz Molina ha explicado que la nueva ley pretende garantizar el derecho al ocio sin que suponga “un conflicto con el derecho al descanso de la ciudadanía, al tiempo que refuerza la seguridad y el orden público y la protección de la infancia y la adolescencia, durante el ejercicio del citado derecho”; y cuyo contenido ha sido elaborado de manera “consensuada” con el sector y los ayuntamientos.
Además, el consejero ha detallado que esta nueva normativa pretende dar respuesta al “vacío legal” existente en relación con las actividades en espacios abiertos, y que incluye macroeventos, festivales musicales, celebraciones populares, eventos deportivos y otras concentraciones multitudinarias. De esta forma, establece las condiciones y requisitos que deberán cumplir este tipo de actividades y aporta un marco jurídico ante situaciones que hasta ahora no estaban reguladas de manera específica.
El proyecto de ley apuesta también por la simplificación administrativa. Se adapta así la regulación a los procesos de digitalización y simplificación administrativa impulsados por la Junta, facilitando las “simplificación de trámites y reforzando la coordinación entre la Administración regional y los ayuntamientos”.
Tratándose, en definitiva, de que Castilla-La Mancha cuente con “instrumento legislativo idóneo para regular de una manera eficaz, transparente y segura”, un sector que tiene un carácter transversal con otras materias y en las que los municipios ejercen competencias propias.
Actualización de las causas de prohibición y suspensión
En su línea de discurso, el consejero ha señalado que entre de las principales novedades de este proyecto de ley se “amplia” con respecto a la Ley 7/2011 las condiciones y requisitos de los espectáculos públicos y actividades recreativas que se desarrollan en espacios abiertos y se “actualizan” las causas que pueden dar lugar a la prohibición o suspensión de un espectáculo.
Entre ellas, ha dicho, se incluyen aquellos supuestos que atenten contra la protección de la infancia y la adolescencia, las congregaciones en espacios públicos que puedan provocar una alteración del orden público o un riesgo para la seguridad cuando carezcan del correspondiente título habilitante, así como la celebración de actividades en espacios abiertos o en el medio natural durante épocas de peligro alto o extremo de incendios forestales.
Más seguridad y profesionalización del control de acceso
Otro de los ámbitos que se refuerza, y al que se ha referido el titular de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, es el control de acceso a los establecimientos públicos. La nueva ley establece una regulación “mucho más detallada”, de acuerdo con la normativa estatal y fija requisitos de “formación y habilitación” para el personal que desempeñe estas funciones.
Así, quienes ejerzan como personal de control de acceso deberán contar con una habilitación expedida por la Junta de Comunidades, “previa superación de las pruebas de aptitud” que se establezcan reglamentariamente. El objetivo es “garantizar una formación mínima” y una mayor profesionalización de quienes desarrollan estas tareas. Así como “precisar” los requisitos de acceso de menores a determinados establecimientos públicos, con ocasión de conciertos o actuaciones en directo, ha indicado.
El proyecto, ha continuado, contempla además la aprobación de un Plan de Inspección que establecerá los objetivos y prioridades de las actuaciones de los órganos autonómicos y locales competentes. Y en materia sancionadora, incorpora el “decomiso” como instrumento para “prevenir y combatir la celebración de espectáculos y actividades recreativas” que no cumplan los requisitos establecidos, con especial atención a fenómenos como las fiestas ilegales. Asimismo, actualiza las cuantías de las sanciones previstas en la legislación anterior.
E incluye, según ha detallado, una actualización del catálogo de espectáculos públicos y actividades recreativas, que se recogían en la anterior ley de 2011, y pasa a estructurarse en 11 categorías de actividades recreativas y ocho de espectáculos públicos, y establece los horarios generales de apertura y finalización tanto para la temporada de verano como para la de invierno, siempre, ha matizado, “con el consenso del sector hostelero y los ayuntamientos”.
Menos cargas administrativas y mayor coordinación con los ayuntamientos
Con carácter general, tal y como ha explicado, la organización de espectáculos públicos y actividades recreativas se someterá al sistema de “declaración responsable previa”, mientras que la autorización administrativa quedará reservada para aquellos casos en los que concurran razones de seguridad, orden público, salud pública o protección del medio ambiente.
Asimismo, regula la Comisión Regional de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas como instrumento de “cooperación y participación” de las administraciones competentes y de los sectores sociales implicados.
Una norma trabajada con el sector y los grupos parlamentarios
Durante su intervención, Ruiz Molina ha destacado el trabajo técnico desarrollado por la Dirección General de Protección Ciudadana y las delegaciones provinciales de la Consejería para elaborar una norma que ha calificado de “técnicamente muy compleja” y adaptada a las necesidades actuales.
Además, el consejero ha puesto igualmente el acento en el proceso de diálogo mantenido con los ayuntamientos y el sector hostelero, ya que la elaboración del proyecto ha contado con “el consenso permanente” de los ayuntamientos, a través de la FEMP, del Consejo Regional de Municipios y de las asociaciones del sector hostelero de la región. Un consenso que según ha defendido le hubiera gustado que se trasladara también al ámbito parlamentario.
En este sentido, ha señalado que de las 48 enmiendas presentadas por el Grupo Popular, el Gobierno ha aceptado 27 y ha planteado acuerdos sobre otras siete, mientras que las restantes no han sido incorporadas por razones de técnica jurídica. En la tramitación parlamentaria del proyecto se han debatido un total de 75 enmiendas: 48 del PP, 24 de Vox y tres del Grupo Socialista.
En su conclusión, Ruiz Molina ha reclamado el respaldo de la Cámara a una norma que, según ha señalado, “pretende fortalecer la convivencia y regular con las máximas garantías un sector muy dinámico, que además que genera riqueza y empleo en la región”.
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