Castilla-La Mancha consigue que el Gobierno de España modifique la Ley de Bienestar Animal para que no perjudique al sector de la caza

El vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro, ha destacado que el trabajo y la reivindicación que se ha venido haciendo desde el Ejecutivo castellanomanchego han conseguido que se garantice una legislación propia para los perros de caza, las rehalas y los animales auxiliares.
 
La disconformidad del Gobierno regional con el proyecto de ley incluye también las obligaciones que genera a las comunidades autónomas y los ayuntamientos en materia de centros de control para los animales que están sueltos, ya que no se plantea financiación para la prestación de esos servicios.
 

Toledo, 8 de septiembre del 2022.- El vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro, ha avanzado que “gracias a las gestiones del presidente de Castilla-La Mancha” el Gobierno de España va a excluir al sector de la caza del proyecto de Ley de Bienestar Animal.
 
Ha sido durante su intervención en las Cortes autonómicas donde Martínez Guijarro ha destacado que el trabajo y la reivindicación que se ha venido haciendo desde el Ejecutivo castellanomanchego han conseguido que el Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados presente una enmienda para excluir a los animales de determinadas actividades, entre ellas la caza, de dicho proyecto de ley, garantizando que haya una legislación específica para perros de caza, rehalas y animales auxiliares.
 
Con esta decisión, se da la razón al Gobierno de Castilla-La Mancha que venía reclamando que los animales de caza no son mascotas y por lo tanto, no tienen que estar sometidos a la legislación de bienestar animal sino contar con una legislación específica, ahora inexistente.
 
Ayer mismo el jefe del Ejecutivo autonómico insistía en la postura contraria en este específico de la ley asegurando que afecta a un sector como el cinegético que genera una importante riqueza en la Comunidad Autónoma.
 
Cabe recordar que desde que se conociera el texto de la futura norma, el Ejecutivo regional ha mostrado su disconformidad por el agravio al sector cinegético y por otros planteamientos que tiene la Ley de Bienestar Animal como son las obligaciones que genera a las comunidades autónomas y los ayuntamientos en materia de centros de control para los animales que están sueltos, pero sin plantear financiación de la prestación de esos servicios.